“Solidaridad y participación de los entes territoriales periféricos en las integraciones económicas supraestatales (aplicación de los resultados a Castilla-La Mancha)” (SBPLY/19/180501/000048), es un Proyecto de Investigación cofinanciado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Periodo 2020-2022. IP1: Dra. María Luz Martínez Alarcón, IP2: José Luis García Guerrero.

Para los Estados resulta imposible, en un contexto de globalización económica imparable y cada vez más intensa, afrontar en solitario problemas cada más interconectados y complejos. Muchos de ellos se han vinculado en integraciones económicas a las que ceden competencias y que adoptan decisiones a través de sus propios órganos políticos (primera fase de la globalización). Su limitación para resolver problemas en solitario se acentúa exponencialmente en un contexto como el actual, en el que se concluyen acuerdos entre integraciones económicas y terceros no miembros de las mismas (segunda fase de la globalización).

La mayor parte de las disciplinas jurídicas analizan hoy la relación entre Derecho y globalización (Teoría del Derecho, Derecho internacional público y privado, Derecho de la Unión Europea, Derecho civil, entre otras). Otras ciencias, como la Economía o la Sociología también se ocupan de la globalización.

Por lo que a nosotros interesa, hace aproximadamente tres décadas alguna literatura jurídica llamó la atención sobre algunos problemas que la globalización podía originar desde un punto de vista constitucional (el profesor Rubio Llorente indicaba en el año 2013 que la globalización constituía uno de los tres grandes problemas para el Derecho constitucional).

En anteriores trabajos de investigación, los miembros de este Equipo han alcanzado algunas conclusiones relevantes de un estudio de la globalización desde una perspectiva constitucional. Hemos presentado la globalización como un embate al concepto racional-normativo de Constitución: al principio democrático; a los derechos (en particular a los de los trabajadores); al Estado social; a los sistemas tributarios; a los elementos propios de la distribución territorial del poder de los Estados compuesto; y hemos elaborado propuestas para superar o, al menos, limitar esos embates. Este proyecto pretende dar continuidad a dichos trabajos, si bien, en esta ocasión, centrando nuestra atención en la articulación del principio de solidaridad en las integraciones económicas supraestatales y en la participación de los entes territoriales periféricos en éstas.